Contraportada

En días pasados, un agente de la policía preventiva municipal, cuyo nombre queda en resguardo por razones entendibles, dejó entrever, a través de una simple frase, la dramática realidad que enfrenta nuestro Municipio y quizá todos los municipios del país. En tratándose del tema de la delincuencia común, la que roba todos los días y a todas horas, sólo respondió: “ese problema ya nos rebasó”.

El oficial, de grado jerárquico importante, fue claro y contundente en la conversación. El trabajo de la policía preventiva se vino abajo, y no precisamente por voluntad propia. A excepción de quienes están en la corporación y que gustan del dinero fácil, elementos de fácil ubicación como auténticos servidores públicos, lamentan la situación actual, en la que, al menos en una muy clara evidencia, las autoridades parecieran estar totalmente del lado de quienes están peleados con la ley.

Y lo describe claro y contundente: los agentes responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos, de manera constante arriesgan su integridad física, inclusive su vida, cuando se trata de detener delincuentes. Todo esfuerzo, riesgos y peligros a los que se exponen, queda en el cesto de la basura cuando los maleantes son liberados, en cuestión de horas, por agentes del Ministerio Público. Y lo peor de todo, con enemigos doblemente peligrosos en la calle.

¿Cuáles son las verdaderas razones por las que los agentes representantes sociales han roto totalmente su compromiso de integrar las averiguaciones que lleven a un justo castigo a los delincuentes? Salvo casos muy excepcionales, quienes delinquen de manera frecuente y caen en manos de estos malos servidores públicos, prácticamente tienen garantizada su libertad. Razones que algunos encuentran son que llegan a arreglos económicos con estos, o que simplemente los liberan para evitarse el exceso de trabajo.
Cualquiera que sea la razón, lo que han hecho los representantes sociales con esa falta de responsabilidad, ha sido estimular a la delincuencia a grados que hoy en día son realmente alarmantes. Ladrones que han sido sorprendidos en plena flagrancia, con suficiente aportación de evidencias, hechos contundentes, no son tomados en cuenta ya para la formación del consabido expediente, y antes bien, hoy es común que las víctimas resulten no solamente regañadas, sino hasta amenazadas por los miembros de la Policía Estatal Investigadora, que de esto último sólo tiene el membrete.

Y esa confianza que dan a la delincuencia, además de los insólitos cambios que sufrió el Sistema de Justicia Penal, es que está convirtiendo a las ciudades como Guaymas en pueblos sin ley, donde por responsabilidad directa de este tipo de funcionarios corruptos, la gente cada día entiende más que llegará el momento en que se tenga que hacer justicia por mano propia, ante la inutilidad, no exenta de complicidad, de quienes están encargados de castigar a quienes trasgreden la ley.

Es de extrema urgencia, por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, penetrar directamente a las agencias de los ministerios públicos y hacer una revisión exhaustiva sobre la forma en que están mal desarrollando su trabajo. Existe la plena certeza de que van a destapar cloacas muy pestilentes y que hoy en día son el otro azote del ciudadano común. Porque por un lado está el delincuente que cada vez se vuelve más osado, y por el otro, una indiferencia absoluta de quienes están para protegernos, pero que finalmente resultan cómplices del delito.